Este artículo está escrito por María Fernanda Robayo, politóloga y responsable de programas del Club de Madrid. Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen únicamente al autor; no pretenden reflejar las opiniones o puntos de vista del empleador/organización del autor.
- El problema: La implementación de medidas para proteger la seguridad ciudadana, sacrificando, si es necesario, derechos fundamentales y principios democráticos.
- Por qué es importante: En medio de la incertidumbre y la regresión democrática global, es crucial salvaguardar y reforzar los principios democráticos, demostrando que las políticas a favor de los ciudadanos prosperan mejor dentro de la gobernanza democrática.
- La solución: La seguridad ciudadana, la democracia y el desarrollo social son elementos interdependientes que se refuerzan mutuamente en la búsqueda de un futuro mejor para todos. Al reconocer la importancia de este vínculo y trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrenta nuestra sociedad, podemos construir un mundo más seguro, democrático y próspero.
En el tejido social de cualquier país, la seguridad ciudadana, la democracia y el desarrollo social están inseparablemente entrelazados. Cada uno de estos elementos es fundamental para el bienestar y la estabilidad de una sociedad, y juntos forman la base sobre la que se construye un futuro próspero y equitativo para todos.
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Si bien el contexto de cada país es diferente, y en algunos casos existen marcadas diferencias, también es cierto que existen temas comunes o problemas regionales y globales que afectan a más de un país. En el caso de América Latina y el Caribe, el aumento de la violencia ha copado las agendas nacionales y regionales.
Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe
En este histórico año electoral, las contiendas presidenciales y legislativas tienen enormes implicaciones para los derechos humanos, el desarrollo social sostenible y la gobernanza en un mundo volátil. En los tiempos actuales de incertidumbre y turbulencia, es natural que la seguridad ciudadana se convierta en una preocupación primordial para los gobiernos y la sociedad en general. Sin embargo, este enfoque en la seguridad puede conducir a una peligrosa erosión de los derechos fundamentales y los principios democráticos si no se maneja con cuidado y responsabilidad.
La seguridad ciudadana sigue siendo uno de los temas pendientes en América Latina y el Caribe, tanto es así que la región aún se consolida como la más violenta del mundo.
En este contexto, el crimen organizado es uno de los factores violentos, responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en América Latina y el Caribe, donde se ubican en la región ocho de cada diez países con las tasas de homicidio más altas del mundo . Además del crimen organizado, la inseguridad y el narcotráfico se suman como los principales desafíos que enfrenta la región, según el Informe de Riesgo Político 2024.
Debemos recordar que los derechos fundamentales son la piedra angular de cualquier sociedad democrática y no deben sacrificarse en aras de la llamada seguridad.
En este contexto, los gobiernos en el poder han tratado de tomar medidas para enfrentar esta devastadora situación que, a su vez, socava el progreso y el desarrollo en la región.
Restringir las libertades en nombre de la seguridad ciudadana
El problema surge cuando el discurso de la seguridad ciudadana se utiliza para justificar la adopción de medidas que restringen las libertades individuales en nombre de la protección pública y socavan los principios y garantías democráticas.
Esto es especialmente preocupante si ocurre en una región como América Latina y el Caribe, donde la democracia ha estado sufriendo un retroceso, con recientes y rápidos descensos en el desempeño democrático de países como El Salvador y Guatemala.
La presencia de altos niveles de violencia y criminalidad socava la confianza en las instituciones democráticas y obstaculiza los esfuerzos para abordar las causas profundas de la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, estamos en un círculo vicioso: si no se abordan las causas de la pobreza y la desigualdad, se crea un terreno fértil para que prospere la violencia, perpetuando ciclos de malestar social, inestabilidad y privaciones.
Latinobarómetro 2023 señala a la región como vulnerable y abierta al populismo y regímenes antidemocráticos. Sus datos muestran que el 48% de los latinoamericanos apoya la democracia como régimen político y, entre la población joven, un régimen autoritario recibe más apoyo.
El caso de El Salvador es particularmente relevante. El presidente Nayib Bukele ha logrado contener a las pandillas a costa de un profundo deterioro de las libertades y garantías democráticas, mediante un régimen de emergencia establecido hace dos años. Las medidas adoptadas en nombre de la seguridad ciudadana no sólo se han convertido en herramientas de control y represión por parte de un régimen autoritario, sino que Nayib Bukele ha consolidado su poder.
Está claro que si los ciudadanos perciben que las instituciones encargadas de protegerlos son ineficaces o corruptas, pueden estar dispuestos a renunciar a ciertas libertades en favor de medidas más directas, incluso si son autoritarias. Sin embargo, la adopción de "medidas de mano dura" por sí sola no es sostenible si los gobiernos no adoptan estrategias integrales de reducción de la pobreza, redes de seguridad social y políticas para reducir la desigualdad, crear oportunidades para ayudar a mitigar el riesgo de violencia y construir sociedades más pacíficas e inclusivas. .
Un llamado a proteger la democracia
En este año electoral crucial, es imperativo hacer un llamado rotundo a la acción en defensa de la democracia. La democracia sirve como marco fundamental (tanto regulatorio como político) para enfrentar las causas profundas de la inseguridad y fomentar la participación ciudadana en la formulación de políticas y programas de seguridad.
El paso inicial implica fortalecer las instituciones democráticas para garantizar su eficacia a la hora de ofrecer soluciones que aborden las necesidades y los desafíos que enfrentan los ciudadanos.
El desafío de la inseguridad ejerce una inmensa presión sobre todos los gobiernos y actores políticos. Si bien no existe una solución única al complejo tema de la seguridad ciudadana, el quid de la cuestión reside en lograr un delicado equilibrio entre la promulgación de políticas públicas orientadas a la inclusión social y la implementación de medidas coercitivas.
En este sentido, el logro efectivo de la seguridad ciudadana depende del despliegue de estrategias sólidas de prevención social y de la implementación de políticas públicas dirigidas a combatir la desigualdad y la exclusión . Al mismo tiempo, la coerción estatal debe ejercerse con precisión, adhiriendo firmemente a los principios democráticos y al estado de derecho.
La rendición de cuentas es esencial para garantizar que las medidas adoptadas en nombre de la seguridad ciudadana sean proporcionadas, necesarias y acordes con los estándares democráticos. Además, es crucial promover el diálogo sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos individuales.
Es necesario que todos los actores ( sociedad civil , medios de comunicación, sector empresarial, mundo académico) mantengan una vigilancia activa sobre las acciones de los gobiernos y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Además, la educación cívica juega un papel clave en este sentido, ya que empodera a los ciudadanos para exigir la protección de sus derechos y denunciar cualquier abuso de poder por parte de las autoridades.
Lograr este equilibrio nos acerca al cumplimiento de la visión de seguridad ciudadana del PNUD , reconociéndola no simplemente como la reducción del crimen, sino como una estrategia integral y multifacética orientada a mejorar la calidad de vida para todos. Esto implica fomentar la acción comunitaria para la prevención del delito, garantizar el acceso a un sistema de justicia sólido y fomentar un espíritu educativo basado en valores, legalidad y tolerancia.
Debemos recordar que los derechos fundamentales son la piedra angular de cualquier sociedad democrática y no deben sacrificarse en aras de la llamada seguridad.
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(Crédito de la imagen: Unsplash )
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